Conflicto en la Ertzaintza: Tour y elecciones, la tormenta perfecta.

Si en la vida hay que ser modesto, no cabe entender este artículo, post o como quiera cada uno llamarlo, sino como el desahogo de una persona que ha dedicado treinta años a la tarea policial en esta tierra, ingrata como pocas con quienes desempeñan nuestro oficio. Soy consciente de que en el tema que hoy traigo no lloverá a gusto de todos y lo que a unos les parecerá poco, otros lo considerarán exceso, un meterme donde no me llaman, y no faltará quien crea ver en mis opiniones sesgos políticos que no busco de ninguna manera. Tres décadas en esto si para algo me han servido es para haberme desencantado de todos los partidos, instituciones y cargos que nos ordenan la vida a los ciudadanos. Obligado a elegir entre lo malo y lo peor, ya ni voto y esos días aprovecho para ir a la playa o a tomarme algo en bares vacíos a la salud de quienes se van a pasar los próximos cuatro años con un salario de entre setenta y cien mil euros como parlamentarios. Dietas y complementos aparte. Aclaro también que fui sindicalista, que lo intenté hacer lo mejor que pude, que a cambio coseché expedientes y malquerencias de compañeros y que la única medalla que puedo ponerme en puertas de la jubilación es la de salir como entré, siendo un sufrido agente de la escala básica.

Desde la perspectiva que estas experiencias me han dado, contemplo con preocupación el actual conflicto en la Ertzaintza. También con benevolencia, todo hay que decirlo, porque si un tío que ha matado a no sé cuántos tiene derecho a reclamar que lo pongan en la calle, estimo que los policías lo tendrán también a demandar mejoras laborales. Los que hemos vivido toda la historia de la policía vasca en democracia hemos asistido, con más rabia que asombro, a su decadencia en manos de políticos a los que la Ertzaintza les importaba lo justo, limitándose a utilizarla como trampolín de aspiraciones más altas. Ninguno, a excepción de Juan María Atutxa, se embebió del espíritu policial, ni se relacionó con sus miembros de base, ni se interesó por los problemas derivados de esta profesión (depresión, suicidio, muertes en accidente o a manos de criminales, heridos, y discapacidades producidas en acto de servicio). Ninguno. Con el paso de los años, de ser uno de los cuerpos mejor dotados, pasó a los refuerzos forzosos por falta de personal, a apiñarse en furgonetas roñosas, a ver cómo su material antidisturbios se sustituía por protecciones corporales para que les dolieran menos las pedradas, animando así a los violentos a agredirles en proporciones de diez a uno o más; de ser una policía con magníficas condiciones laborales y de dotación, a escatimarles cualquier mejora y, finalmente, a dejar correr la friolera de doce años sin sentarse a negociar el convenio. Cada pizca de avance se la han tenido que arrancar con sudor y sangre los sindicalistas al Gobierno Vasco. Y han sido pocas, muy pocas. Tanto, que la gente ha estallado y nos encontramos ahora mismo en una situación que nadie imaginó.

En este contexto, me preocupan mucho las palabras del lehendakari, ese señor con tan escasa oratoria, que ha dicho en un acto público que “la Ertzaintza no puede perder el respeto de la sociedad vasca”. Será de la que aún se lo mantiene. No ha caído en la cuenta de que el respeto se lo había perdido ya una parte de ella, la de los violentos, los delincuentes y la gentuza carne de Código Penal a los que ellos como políticos alentaban cada vez que, ante una intervención grabada por cualquier soplagaitas con el móvil, en lugar de sacar la cara a sus agentes y denunciar como manda la Ley a quien sacaba sus rostros en las redes, anunciaban la apertura de expedientes disciplinarios sin preguntar siquiera qué había pasado. El respeto se lo habían perdido ya los menores que hacían botellón en la pandemia y los hinchas del fútbol que, a la llegada de la Brigada Móvil, entre risas y alborozo los sacaban a botellazos de la calle porque los que mandan les daban orden de retirada inmediata, con gran menoscabo del principio de autoridad. Se lo había perdido el mundo radical que les acomplejó tanto con el caso Cabacas, que prácticamente compraron la idea del asesinato policial y se pusieron de perfil en lugar de salir todos los días a decir la verdad, que aquello fue un accidente, un desgraciado accidente con resultado fatal, como los cientos que suceden a los médicos, a los pilotos de avión o conductores de autobús y que generan y han generado a lo largo de la historia muchísimas más víctimas sin que nadie les llame asesinos, como hace gente que se sienta en escaños al lado de los suyos y a los que sonríen en el Parlamento. Y así, fueron ustedes los primeros que perdieron el respeto a una institución que se les hizo difícil, pesada e incómoda, tanto que a lo mejor ponerse a su lado podía suponer una traba en su carrera política de mierda. Tanto que, como dije antes, era preferible llenar el hospital de ertzainas (“es su trabajo”) a que aparezca un tipo con un moratón en el Facebook.

Pero si alguien se ha llevado la palma en todo este circo, si una persona ha caído en la indignidad máxima de herir de muerte el prestigio de nuestros policías, ha sido Itxaso Atutxa, la presidenta del Bizkaiko Buru Batzar. El análisis de sus declaraciones deja entrever un tufo autoritario que no alberga dudas de por dónde camina su ideología. Que la Ertzaintza ha dejado de ser una policía especial para ser un cuerpo más, ha dicho. Qué miedo me da eso. ¿De verdad quiere usted una policía especial? Le recuerdo las que lo han sido en la historia: la Gestapo de Hitler, la NKVD de Stalin, la DINA de Pinochet y la Policía Armada de Franco en los estertores de la dictadura. No, señora, no. No quieren ser especiales los ertzainas, sino profesionales, ni quieren depender de otra cosa que de la Ley que han jurado defender. Prefieren igualarse con cualquier cuerpo policial de cualquier país democrático. Y eso a usted se ve que no le gusta, pero a mí sí. Mucho.

Otra de sus perlas, que por tener ojos hemos tenido que leer, es que el conflicto lo maneja “alguien de fuera, sin nombre y sin cara”. Señora, por favor, no manipule. Yo he visto muchas caras en las fotos del conflicto que recogen los diarios, a ninguno he visto encapuchado. Con lo de “alguien de fuera” no deja usted claro si se refiere a alguna potencia extranjera, que bien pudiera ser que los coreanos del norte, tengan algún interés en montársela a ustedes antes del Tour, o a esos otros coreanos que en los últimos años, desde que no reclutan ya ustedes en los batzokis, han entrado en el Cuerpo. Hasta negros tengo entendido que hay. Convendría en este punto que se fueran enterando ustedes de que el mundo ya no tiene fronteras, que ya no hay nadie de fuera de ningún sitio, que todos nos comunicamos con compañeros de cualquier rincón y que no hay nada malo en ello. Sé que sus tiros van por la línea de acusar al colectivo ese que tanto les preocupa, el de ERTZAINAS EN LUCHA, de ser próximos a JUSAPOL, otra agrupación nacida del descontento en el seno de la Policía Nacional y a la que el gobierno de la nación se ha hartado de vincular con VOX, con la extrema derecha y con todo lo que pueda poner a la sociedad en su contra para con ello intentar tapar su propia ineficiencia, la miseria de quienes les han despreciado tanto y durante tanto tiempo que esta gente, harta de menosprecios, se ha echado al monte. No venga usted también con ese cuento, ¿los cuatro mil que se manifestaron eran todos de extrema derecha? ¿eran de fuera? ¿usted cree que alguien que no sea ertzaina se va a pasar el día a una manifestación de ertzainas? No, amiga. Son nuestros y les han dicho a ustedes que hasta aquí han llegado, que les escuchen, que se sienten a negociar con ellos pero de verdad y con voluntad de acuerdo. Y, por cierto, si les gustara JUSAPOL, si votaran a VOX, ¿qué?, harán lo que les dé la gana, que para eso son mayorcitos. Pregúntese, si está convencida de eso, qué han hecho ustedes para que sea así y no den por sentado que los policías somos un hatajo de borregos que les vamos a regalar el voto y el sueldo aunque nos las den todas en el mismo lado.

No voy a entrar en las reivindicaciones de los ertzainas, ni en si la forma adecuada para hacerlas valer es juntarse en una plataforma independiente de la interlocución sindical, allá ellos. Lo que a mí no me quita nadie de la cabeza es que, en vísperas del Tour y de las elecciones generales, mucho miedo han tenido que meter al Gobierno Vasco para que quienes lo dirigen hayan perdido la cabeza hasta el punto de decir las cosas que se han dicho. Nada más, termino expresando mi cariño y mi apoyo al cuerpo policial de mi tierra, a sus sufridas familias y a esa chavalería que, a pesar de todo, sigue empeñada en hacer de su vida un reguero de sinsabores convirtiéndose en ertzainas. Y un saludo a Bujanda, el jefe que en un acto de recuerdo a los muertos comparó a los ertzainas que protestan con los terroristas. Todo un crack de la diplomacia.

Aspectos técnicos sobre el uso de detectores de metales por el personal de control de accesos y los vigilantes de seguridad.

Por Abel P. Rico, Director de Seguridad y Coordinador de Eventos.

Tras leer atentamente el post publicado en el blog Observatorio Vasco de Seguridad titulado: “Guerra al Navajero 2.0: Nos leen, ya no creo que nos leen”, como profesional de la seguridad me gustaría hacer algunos comentarios técnicos al mismo sobre la idea que se defiende en el mismo, acertadamente, de que solo sean los vigilantes de seguridad debidamente habilitados quienes utilicen los detectores de metales en las discotecas y otros locales de ocio donde se imponga su uso.

 En el artículo se defiende que sean los vigilantes de seguridad los que usen los detectores en las requisas. Yo voy un poco más allá: no sólo debería ser esto así, sino que, para empezar, son sólo ellos los que pueden hacer una requisa (registro y cacheo)  mecánico, manual y/o visual en una discoteca, pub o evento y en general en cualquier recinto del que les haya sido encomendada su vigilancia y protección, tanto en el control de acceso como en el interior de dichas instalaciones (art 32.1. párrafos .a, b, c y d” de la Ley de Seguridad Privada). Dichos registros jamás podrá encargárseles a un portero, tal y como se desprende de la actual normativa, por ser éstas funciones exclusivas del personal Seguridad Privada (art 2.4 de la Ley de Seguridad Privada), siendo así que el personal de control de accesos no está considerado como tal.

Para llegar a esta conclusión hay que saber qué y cuáles son las “funciones exclusivas” de seguridad privada. Éstas son las que sólo puede desarrollar el personal habilitado por el Ministerio del Interior (vigilantes de seguridad, de explosivos, escoltas, guardas rurales…). ¿Y cómo se establece que esa función es de seguridad o no? El criterio es relativamente sencillo. Si la actividad a desarrollar tiene que ver con la seguridad de bienes y/o personas a través de la vigilancia, prevención, protección y reacción, estaremos hablando entonces de una función exclusiva del personal de seguridad privada y no de conserjes, porteros o  auxiliares. Además, esas funciones y actividades pueden conllevar el uso de medios   igualmente exclusivos del personal de seguridad privada, como son la defensa o porra, un spray o, incluso, un arma de fuego, elementos que nunca puede portar un controlador de accesos, portero o la denominación que se utilice en el caso concreto. El problema viene cuando distorsionamos este criterio y tendemos a creer que un portero es la “seguridad de un local” Y nada más lejos de la realidad, al menos de la realidad legal. De ahí que en su actividad no podrá contar con medios de defensa o medidas de seguridad que, como digo, sólo deben ser asignados al personal de seguridad privada.

La utilización de un detector de metales (bien arco autosoportado, bien raqueta portátil) se hará siempre como “medida de seguridad” preventiva y disuasoria para la protección de personas y bienes, incardinado, además, a los arts 5.1.a), 32.1 y 52.1.b) de la misma Ley de seguridad privada, por lo que entraría inevitablemente en el ámbito de la seguridad privada lo que lleva forzosamente a que sea una actividad exclusiva de este personal.

Pero, es más, el artículo art 6.2 y 3 de la Ley de Seguridad Privada dice:

 2. Quedan también fuera del ámbito de aplicación de esta ley, a no ser que impliquen la asunción o realización de servicios o funciones de seguridad privada, y se regirán por las normas sectoriales que les sean de aplicación en cada caso, los siguientes servicios y funciones:

1. Las de información o de control en los accesos a instalaciones, comprendiendo el cuidado y custodia de las llaves, la apertura y cierre de puertas, la ayuda en el acceso de personas o vehículos, el cumplimiento de la normativa interna de los locales donde presten dicho servicio, así como la ejecución de tareas auxiliares o subordinadas

de ayuda o socorro, todas ellas realizadas en las puertas o en el interior de inmuebles, locales públicos, aparcamientos, garajes, autopistas, incluyendo sus zonas de peajes, áreas de servicio, mantenimiento y descanso, por porteros, conserjes y demás personal auxiliar análogo.

Hay que decir además que en ningún caso establece la ley la posibilidad de efectuar identificaciones a través de DNI o  pasaporte, y mucho menos registros de ningún tipo, lo que nos añade un argumento más a la hora de negar al controlador de accesos la posibilidad de portar y utilizar un detector de metales.

Finalmente, el párrafo 3 del mismo artículo dice:  El personal no habilitado que preste los servicios o funciones comprendidos en el apartado anterior, en ningún caso podrá ejercer función alguna de las reservadas al personal de seguridad privada, ni portar ni usar armas ni medios de defensa,.

A eso podemos añadir el criterio de la Unidad Central de Seguridad Privada. Extracto del informe 34/2015: “Los escáneres y los arcos detectores de metales, son medios electrónicos de seguridad, que suelen ser utilizados para prevenir la comisión de actos delictivos que se puedan cometer contra las personas y sus bienes, por ello, y a  los fines indicados, vienen siendo utilizados bien por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que tienen encomendada por Ley la Seguridad Pública, o bien por los vigilantes de seguridad habilitados e integrados en empresas de seguridad autorizadas. Dicho lo anterior, se puede indicar, que uno de los supuestos habituales de utilización de este tipo de elementos electrónicos de seguridad, por los vigilantes de seguridad, viene siendo en los controles de accesos, para su manejo, se requiere una formación específica acorde al Anexo IV de la Orden INT 318/2011, de 1 febrero, sobre personal de seguridad privada”.

Cojamos ahora como ejemplo la legislación autonómica (todas van más o menos por el estilo) sobre Control de Accesos de la Comunidad de Madrid: Decreto 163/2008, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, de la Comunidad de Madrid, por el que se regula la actividad de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas. En su art 5.1 establece para los porteros, entre otras, lo siguiente: “Requerir la intervención del servicio de vigilancia del establecimiento, si lo tuviera, o en su defecto, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que impida el acceso de las personas que incumplan las condiciones específicas de admisión autorizadas”. En el momento que se produzca una necesidad de intervención de seguridad, serán, pues, los vigilantes de seguridad y no los porteros quienes atiendan esa incidencia en el acceso, y en su defecto, la fuerza pública.

 A esto se debe añadir lo que establece el punto 2 del mismo artículo, que, para mí, cierra cualquier discusión o duda y redunda en lo establecido en la Ley de seguridad privada:

2. En ningún caso el personal de control de acceso puede asumir o ejercer las funciones de servicio de seguridad.

Siguiendo esta línea argumental y la establecida anteriormente en lo relativo a actividades, funciones, medidas y medios de “seguridad” legalmente establecidos, ¿a quién se deberá proveer de un detector de metales (medio técnico de seguridad) para la ejecución de un registro mecánico preventivo (medida de seguridad) en ese control de accesos, al controlador/a o al personal habilitado legalmente para ejercer esa función de seguridad (vigilantes de seguridad)? La respuesta parece obvia.

Debo añadir que si esos medios (detectores de metales, en cualquier modalidad) son utilizados como medida de seguridad preventiva y disuasoria por personal no habilitado como personal de seguridad privada, el local y la persona actuante (controlador, portero…) podrían estar incurriendo a todos los efectos en una infracción de la misma Ley de seguridad privada (art.3.3 de la Ley de Seguridad Privada) y ser sancionados.

Como conclusión y a modo de resumen de todo lo expuesto, diremos que, atendiendo a criterios legales, no debería existir duda alguna de que la implantación de un sistema de detección de metales en un control de accesos es una medida de “seguridad” preventiva y disuasoria realizada con un sistema electrónico de seguridad, por lo que su ejecución deberá ser siempre una función de seguridad ejercida por profesionales de seguridad habilitados legalmente (vigilantes de seguridad o guardas rurales). En las diferentes normativas autonómicas no se establece esta posibilidad o capacidad legal de proveer a los controladores/as con dichos medios técnicos. Dicho lo cual, los controladores de accesos no deberían, en ningún caso, utilizar un detector de metales.

Violencia en las calles, ¿nos cuentan la verdad?

Este año, el 24 de octubre concretamente, se cumplían veinte años del asesinato en la cárcel de José Antonio Rodríguez Vega, por mal nombre el Mataviejas. De sus andanzas por la ciudad de Santander se sabe que violó y asesinó al menos a dieciséis ancianas. Digo al menos porque, escrutado el macabro museo de pertenencias de las víctimas que atesoraba en su domicilio, hubo muchas que no pudieron ser adjudicadas a ninguna de las fallecidas, así que cabe la posibilidad de que hubiera más. Quizá muchas más cuyas muertes, como sucedió con las primeras víctimas que se hallaron en sus camas perfectamente vestidas, fueron atribuidas a causas naturales debidas a su avanzada edad. Como durante el juicio pudo comprobarse, Jose Antonio Rodríguez era un psicópata con una relación amor-odio hacia su madre a la que un día amaba y otra deseaba matar de la manera más cruel. El argumento de una película de terror pero inserta en la realidad cotidiana de una ciudad de provincias. Al Mataviejas lo mató el Zanahorio en la cárcel de Topas, provincia de Salamanca, por chotas y por decir que cuando saliera se iba a forrar escribiendo sus memorias.

La cuestión que me hace traer aquí esta historia es la circunstancia de que tuvieron que ser dos periodistas de El Diario Montañés los que, en una serie de artículos basados en sus propias averiguaciones, muchas de ellas portal por portal y timbre por timbre hasta conseguir dar con vecinos, testigos y domicilios, conectaron varios casos llegando a la conclusión de que la repetición exacta de circunstancias de aquellas muertes (posición, vestidos, falta de algunas pequeñas joyas u objetos decorativos..) abonaba la hipótesis de que un asesino serial campaba a sus anchas matando ancianas desde, que se sepa, agosto del 87 a un ritmo de una o dos mujeres al mes hasta enero del siguiente año en que fue detenido. En esos meses terribles, las autoridades negaron siempre la existencia de la bestia, acusaron a los periodistas de sensacionalismo, intentaron acabar con su prestigio profesional y redujeron sus investigaciones rigurosas a la categoría de invenciones para vender periódicos. Se la tuvieron que envainar, claro, cuando el psicópata fue detenido y salieron a la luz las dieciséis víctimas que hoy se conocen. Y es que al poder, aunque sea en una democracia, no le interesa la verdad cuando ello puede afectar siquiera de lejos a sus previsiones de voto. Lo vemos demasiadas veces. Acaso sea por esto, y por más cosas, por lo que la democracia en España ha pasado a ser considerada «defectuosa», según la clasificación que todos los años elabora el prestigioso diario londinense The Economist. En aquel caso de infausto recuerdo, se permitió por la Delegación de Gobierno, los mandos policiales y el gobierno de Cantabria que un psicópata actuara a su antojo sin prevenir a la población de lo que se le venía encima, sin publicar las muertes, sin posibilitar que hijos cuyas madres vivían solas pudieran llevarlas momentáneamente a sus casas para que estuvieran protegidas, sin dar la posibilidad a los ciudadanos de colaborar con la policía haciéndoles llegar sus sospechas, sin que ni siquiera los policías locales, conocedores como nadie de la ciudad y sus habitantes, pudieran establecer dispositivos de vigilancia. Y fíjense ustedes que este individuo ya había estado en la cárcel por violación y que como pasaba en aquellos tiempos, había sido liberado mucho antes del cumplimiento de su condena por haber obtenido un perdón de las víctimas que hoy, amén de no tener ninguna relevancia penal, se consideraría viciado desde el momento mismo de ser solicitado por un violador a su atemorizada víctima. Le perdonaron todas menos una. Así pues, no fue tan difícil dar con él tirando de antecedentes y atando cabos por aquí y por allá. Pero eso fue tarde, muy tarde. Dieciséis víctimas tarde.

Ayer me convocaron desde la ETB para dar mi opinión en el Teleberri sobre el aumento de la violencia y la proliferación de armas blancas. Dije lo de siempre, lo que vengo diciendo hace años, lo que la población, a la que sirvo desde hace tres décadas, tiene derecho a saber. Que sí, que hay un sector de la juventud que por la infantilización propia de las nuevas generaciones acostumbradas a tener todo a cambio de nada, por la ingesta habitual de alcohol, opiáceos y drogas de diseño desde edades tempranas, muchas veces banalizadas hasta por los padres, por la pérdida de prestigio de la autoridad legítima, tantas veces alimentada por quienes tendrían la obligación de garantizarla, por las carencias de un sistema educativo cada vez más desigual y menos exigente y por muchas otras razones que no caben ni en veinte teleberris, pienso que los espacios de ocio juvenil son más inseguros, que hay más apuñalamientos porque a quien quiere salir de fiesta armado no le cabe ni pensar que un policía pueda cometer el atropello de cachearle para ver si lleva un cuchillo entre las ropas, que la violencia que se ejerce en esos ámbitos, sobre ser cada vez más gratuita y las más de las veces por sandeces, es además mucho más intensa y grave. Y que, finalmente, viendo uno lo que ve, lo que ha visto en treinta años de profesión, ha comenzado a creer que Dios existe, pues de otra manera todos los fines de semana tendríamos tres o cuatro muertos apuñalados o apalizados. Y eso, hoy por hoy, no es así, todavía no, aunque a alguno le toque. Aunque cuando vemos la foto de un joven rubio, apuesto, con cara de buena persona y nos dicen que se llamaba Lukas Aguirre y tenía veinticuatro años, se nos salten las lágrimas. A usted ciudadano, de pena; a mí, policía, de rabia.

Ayer hablé en el Teleberri y habló también el Alcalde de San Sebastián y, desde nuestras posiciones, ambos dijimos lo mismo y yo me alegré porque hace exactamente un año, en otro programa, en otra cadena y en directo, una periodista me cortó el discurso porque de él se desprendía que la gente no iba a poder andar tranquila por San Sebastián. Miren, yo digo lo que digo, que son cifras y datos; el que, a su luz, consideren que sus hijos puedan o no estar tranquilos eso ya es cosa suya que para eso son padres. Yo bastante tengo con lo mío.

Charla coloquio con el Coronel Baños.

Anda el Coronel Pedro Baños estos días de gira presentando por todos los sitios su libro La Encrucijada Mundial y, en estas, el pasado día 14 fui invitado por el sindicato ErNe de la Ertzaintza a compartir mesa con él en la charla coloquio que se organizó en el salón de actos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En el acto también participaban Fernando González, experto en el fenómeno yihadista, y Ainhoa de Las Heras, una vieja conocida de todos los policías vascos, periodista de sucesos y tribunales del diario El Correo.

Sobre la alegría que supone siempre encontrarse con compañeros, se añade el orgullo de que se acuerden de ti las gentes de la profesión y el honor de estar subido en el mismo atril que un personaje al que no tiene uno más remedio, si se dedica a esto, que admirar por muchísimas razones. Entre ellas, una inteligencia superior que de los detalles cotidianos es capaz de escalar a formulaciones globales, las cuales suponen un enorme aporte en el diagnóstico de los problemas de esta sociedad y el planteamiento de soluciones que serían posibles de no estar hoy día los ciudadanos en manos de políticos semianalfabetos, mediocres, egocéntricos y que, de seguir manteniendo sus privilegios de a cien mil al año, han hecho profesión. Todo sin necesidad del bachillerato.

Así las cosas, llega un militar que ejerce de librepensador, a decirnos que el mundo se encuentra en una encrucijada de complicada solución. Que la infantilización de una sociedad que se cree con derecho a que se lo den todo sin aportar nada nos lleva a una descapitalización del mayor activo que tuvo Europa tras las dos guerras mundiales, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio y el emprendimiento. Que el Islam no es solo una religión, sino un medio de dominación política que aspira a expandirse por todo el mundo arrasando las civilizaciones de raíz judeocristiana y que, en gran medida, esto lo están consiguiendo a través de los movimientos migratorios descontrolados que propician. Que China es una potencia que acapara todos los recursos que hacen posible que funcionen eso que llamamos “energías limpias”, lo cual nos aboca a la dependencia absoluta de uno de los regímenes más totalitarios y despiadados del mundo. Que la política patria actual pone en riesgo la democracia porque los partidos, plenos de corrupción y huérfanos de honradez, han conseguido alejar el debate del sistema implantando el populismo y la polarización extrema entre las personas de bien, lo que siempre ha sido el germen de la guerra civil desde los tiempos de Julio César y Pompeyo el Grande. Todo esto y más puede leerse en su libro con razonamientos, con datos, en una enumeración casi enciclopédica de los problemas actuales, junto con el atisbo de soluciones posibles. Una delicia de leer, pero una delicia amarga porque ya se imagina uno que a nadie con responsabilidad en la materia interesa otra cosa que las elecciones de mañana y el trinque de pasado y por eso los problemas, enormes, que aquí se apuntan no quedarán solucionados en un futuro próximo.

Por mi parte, y tras escuchar atentamente, tanto al Coronel como a Fernando González en su alegato contra la radicalización de la juventud por parte del islamismo tóxico, me permití decir unas palabras sobre un tema que me preocupa: la pérdida del concepto de autoridad legítima y su sustitución por otras autoridades de corte criminal que, desde la banda juvenil a la red oscura, ejercen sobre algunos jóvenes un enorme atractivo aumentado además por la escasa penalidad que supone quebrantar las normas. No sólo los policías, sino profesores, sanitarios y padres llevan tiempo constatando en carne propia las consecuencias de esta deriva a la que por ahora nadie pone coto. A mí me gustaría que Sánchez, Feijoo y todos los demás líderes políticos se tomaran la molestia de leer a Pedro Baños o, si esto no puede ser, al menos de leer, a ver si encuentran la luz suficiente para devolvernos a la buena senda. Aunque, bien pensado, si no encontramos el camino tampoco hay que preocuparse, los chinos lo harán por nosotros. Vayan aprendiendo a comer con palillos. Ni hao.

Reflexiones de un viernes cualquiera.

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Estamos a viernes, uno de esos que te anuncian, con esa lluvia fina tan nuestra, que el fin de semana es mejor que no hagas planes. Es, por tanto, momento propicio para hacer recuento de la semana y, si llega el caso, asentar reflexiones por escrito. Dos noticias, ambas relacionadas con la seguridad, mi territorio natural, han calentado las redes estos días. 

La primera, el vengo y no vengo de los muchachos de Desokupa, polémica empresa que, por un precio nada módico, le devuelve la casa a tu abuela si, al grito de “la okupación es la solución”, unos mangantes la echan a la calle hasta que otro con más huevos venga a sacarlos. Y suelen quedarse bastante porque la gente de hoy, lo que es huevos, tenemos pocos, cada vez menos. 

Uno va para mayor y lo nota en estas cosas; en que no entiende, por ejemplo, que esa señora no tenga hijos y nietos que se planten en la vivienda como se ha hecho toda la vida y consigan, mediante el uso adecuado del lenguaje no verbal, un desalojo rápido con considerable ahorro en gastos de gestión. O que la mayoría de medios de comunicación sean más agresivos con los “desokupas” que con los delincuentes que, amén de robarles el piso, hurtan también la esperanza y hasta el poco futuro que les queda a personas ancianas, desfavorecidas o, simplemente, buenas, pacíficas y respetuosas de las leyes. 

Los argumentos que he oído y leído me dejan patidifuso. Los hay que hablan de cuán amedrentador es para los pobres usurpadores de inmuebles que unos señores grandes y con tatuajes les digan que hasta ahí han llegado; otros, poco deportistas qué duda cabe, aluden a la condición de ex boxeadores de algunos de sus trabajadores, como si haber practicado el deporte del marqués de Queensberry, le inhabilitara a uno para dedicarse a actividad laboral alguna fuera de presidio. De los expulsados de sus casas, ni una palabra. Que vayan al juzgado y que no se quejen tanto, que la ley está para cumplirla, puto viejo. En fin, argumentos chusqueros, de patio de colegio, representativos de en qué se ha convertido el periodismo actual y de la infección de discapacidad intelectual que, con cifras peores que el COVID, se ensaña con esta sociedad sin alma. Que muera gente para que yo pueda tomar cubatas con libertad, que quien compró una propiedad con su sangre y su sudor acabe sus días viendo cómo la vandalizan unos energúmenos que no han cotizado ni un día de su mísera vida a la seguridad social. 

En la Plaza de Unamuno se juntaron un par de centenares de vecinos, muchos de ellos jóvenes, a denunciar que unos fascistas venían a Bilbao a desatar el caos en las calles y organizaron, cómo no, un desayuno antifascista a base de Cola Cao y galletas María. Otros vecinos no se juntaron y, entre dientes, murmuraban, como para sí, aquello de “desokupa manda”. Las opiniones, decía Clint Eastwood, son como los culos, todo el mundo tiene uno. La mía, por ejemplo, es que hay colectivos antifascistas que son más fascistas que las camisas negras de Mussolini; mi opinión es que quien priva a otro de su propiedad es un delincuente, por más matices y disculpas que ponga por delante. Mi opinión, finalmente, es que tenemos unas leyes de una debilidad tal que permiten todo tipo de desmanes, del que este es solo un ejemplo y que propician, además, que empresas como Desokupa hagan negocio porque la fuerza pública sigue siendo pública pero ya de fuerza tiene poco. Al final, los de Desokupa no vinieron y los concentrados en la Plaza de Unamuno se fueron desayunados. Podemos respirar tranquilos, Euskadi hoy está un paso más cerca de la libertad.

En otro orden de cosas, el alcalde de Eibar, Jon Iraola, se hacía cruces porque en redes sociales próximas al califato borrokatzale aparecía la foto de una agente de la policía local sujetando una taza en la que, rodeando a la figura de un antidisturbios porra en mano, se leía la cita bíblica “a quien te pida dale”. Que si es contraria al modelo policial de cercanía, que si se tomarán las medidas disciplinarias oportunas, palabrería. Claramente se aprecian en el edil dos cosas: que no es buen cristiano y que no entiende que la policía más cercana es, precisamente, la que te mide el costillar cuando apedreas las lunas de un comercio o quemas el coche de un vecino. Y no lo digo “iocandi gratia”, sino con total seriedad. Esos agentes del casco son la línea de contención de la barbarie, para que lo sepa. Y nos defienden de ella con su físico, algo que quien de la política hace medio de vida nunca podrá entender. Vocación y espíritu de servicio, así se llama.

Y volviendo al tema de la taza, usted, alcalde, no va a hacer nada, reconózcalo. No va a hacer nada porque la agente no es identificable, quizá ni es ni policía o quizás es un montaje, quién sabe. Se la va a envainar porque el tomar café en una taza con la figura de un policía no es ninguna falta y porque la cita bíblica tampoco es susceptible de ser interpretada en un juzgado como un atentado a la imagen policial. Y si nos ponemos quisquillosos, esa foto a saber quién la ha hecho y quién la ha colgado. Pretender sancionar una acto privado, el de tomar café en una taza que no te gusta es de una ignorancia que interpela sobre la talla intelectual de un regidor público. Yo, sin ir más lejos, tomo café en una taza que reza «Para Uso Exclusivo de Una Cachonda» y hasta ahora no he sido sancionado ni aún en primavera cuando se entendería que uno anduviera como una perra.

Preocúpese usted de otras cosas, hombre. Para empezar del cuarenta por ciento de agentes interinos que tiene en plantilla sin la formación adecuada para dar un servicio de calidad al pueblo; preocúpese de sacarles la cara cuando ese que ha colgado la foto pone un hastag en la publicación con la palabra “munizipaioak”, que eso sí que es una injuria perseguible ante los tribunales. Que es usted el jefe de la policía local, tenga un poco de vergüenza. Reconozca que ha caído en la trampa de los de siempre y se le ha calentado la boca en la prensa, rectificar es de sabios y ponerse al lado de la ley y el orden de personas decentes. 

Ahí afuera sigue lloviendo, el fin de semana se antoja plomizo y sin gracia. Seguiremos reflexionando.

De policías, políticos indignos y varas de medir.

Lo diré ahora para que, si no está usted de acuerdo conmigo, pueda empezar ya a desear mi muerte bajo tormento en aras de la sacrosanta libertad de expresión o, al menos, no pierda tiempo leyéndome. Lo digo, pues: Me parece desproporcionada la medida de prisión provisional aplicada a los dos policías que dieron una paliza a un señor de Linares en presencia de su hija de catorce años. Y me explico. No me parece mal que dos chuloputas, amparados en una placa policial, den con sus huesos en la cárcel por obrar como los esbirros del sheriff «Little Bill» Daggett que en 1881, como es bien sabido, ordenó por toda compensación a la desfiguración de una prostituta, que los autores regalaran un par de caballos al dueño del burdel, decisión que provocó gran indignación entre las trabajadoras sexuales y a la postre la intervención de Clint Eastwood que, sin perdón, dejó el pueblo como un solar. Quien por un empujón a la salida del bar da una paliza a un ciudadano, ni merece ser policía ni volver a cobrar en su vida un sueldo público, cosa que digo de antemano porque políticos hay que, después de haberlo hecho, se jactan de ello atusándose las rastas en su escaño del Congreso de los Diputados.

Lo que me parece mal es la doble vara de medir. Esta semana, perplejo y apenado, he visto como turbas de agitadores han intentado asesinar, ASESINAR, a varios policías. Pedradas en la cabeza, golpes y golpes con el palo de una señal en la cabeza de una agente caída en el suelo, emboscadas, lanzamiento de piedras de más de un kilo de peso, patadas entre media docena de jóvenes a más agentes caídos…. Ninguno está en prisión. Los pocos detenidos por atentados a agente de la autoridad han sido puestos en libertad con mucha prisa y sigilo porque estarían, digo yo, en el libre ejercicio de su derecho a expresarse. Otros lo hacen escribiendo.

Da la impresión de que los policías no sangran, o no tienen madres ni hijos. Que su salud, no ya física, sino mental, no importa a nadie y, en ese piensa que te piensa en el que llevo estos días, he llegado a la conclusión de que cuando se los envía a actuar en este tipo de situaciones, se les manda para, precisamente, que los energúmenos gasten su energía apalizándolos en previsión de que, a falta de otra carnada más apetitosa, se den la vuelta y un día al que linchen sea un político. Son, por decirlo así, la válvula de escape que evita que el conflicto social se nos vaya de las manos y derive en algo peor. «Dejen a los chavales que se desahoguen», parecen pensar esta inmundicia que nos gobierna. Hablo de los socialistas, porque el pensamiento de la otra parte del gobierno, me ha quedado claro: sacar rédito de la violencia para mantener sus privilegios de pura casta. Aquí nunca ha importado que haya muertos, siempre que sean policías. Ni cuando existía ETA, ni ahora. Es la norma que, cuando la actuación policial empieza a dar réditos, alguno la frena, pone palos en la rueda o directamente da el soplo a los criminales para frustrar las detenciones, acuérdense del caso Faisán.

Hace un par de años, en un programa de la televisión española, manifestaba yo mi extrañeza porque tras la detención de unos delincuentes sorprendidos in fraganti y con cientos de antecedentes violentos, el juez los hubiera dejado libres en cuanto se los presentaron. Me rebatía en tono aleccionador otro juez, con decanato, informándome de que ellos solo cumplen la ley, que no pueden hacer otra cosa y bla, bla, bla… Eran poco más o menos que unos auxiliares administrativos con un cursillo, vamos. Mentira. Los jueces aplican la ley según criterios de proporcionalidad y disponen de un amplio margen de arbitrio jurisdiccional, que ya se guardan ellos para que sea incontestable. Por eso deciden que cuando alguien le rompe la nariz a un señor vaya a la cárcel si es policía y que cuando alguien intenta asesinar o dejar parapléjica a la única mujer de la unidad policial interviniente, seleccionándola además por su condición de mujer y su mayor vulnerabilidad física, quede en la calle a esperas de un juicio cuyos resultados jamás se airean y que, me temo, consisten en una multa que no se paga y una condena privativa de libertad que no se cumple. Si no hay en esto una discriminación flagrante de unos ciudadanos frente a otros baje Dios del cielo y lo vea. Y además, poco importa que el Código Penal contenga prescripciones suficientes para agravar la agresión cometida a un policía durante el ejercicio de su labor. Eso sí, cáguese usted en los muertos de una señoría y verá de cerca el hotel Las Rejas.

Tres días ha tardado el Presidente, indigno presidente, en condenar tibiamente la violencia. Del Ministro de Interior, otrora ejemplo de jueces combativos con el terror, no tenemos noticia. No son ya los policías su gente. Ahora lo son los Echeniques y otros alentadores de la violencia. Agazapado en su rincón, entre maderas nobles y Audis blindados, se afana por lo mismo que todos en el gobierno, seguir un día más. ¿Para qué? Por principios no será, no los socialistas. No, desde luego, los de la unión de los pueblos, la justicia social, la paz y la concordia que muchos abrazamos un día.

Todavía hoy me desayuno con la consigna de los mandos de la Policía Nacional a los antidisturbios para las próximas movilizaciones: aguantar hasta que peligre la integridad física de los agentes seriamente. Mucho me temo que quien dé la orden no esté allí, bajo las piedras, para decidir el momento en que ello sucede. Si acaso se siente a la derecha del padre ministro en alguna reunión sonriendo mucho para trabajarse el próximo ascenso o para agradecerle la plaza recibida con menos merecimiento que el que le precedía, quién sabe.

Cuando los que alientan y jalean los disturbios hablan de las cargas policiales y se enervan si oyen la orden de «a partir de ahora tirar a dar» con proyectiles de foam, siempre ponen cara de dignos y, ante la catetada que todavía les aguanta, sueltan palabros como el de la proporcionalidad y la congruencia. Pues aquí vengo yo a explicarles lo que es proporcionalidad. La proporcionalidad consiste en la adecuación de medios en respuesta a una agresión ilegítima previa. Considero proporcional, por ejemplo, que si a usted le golpean en la cabeza con una barra de hierro entre varios, si está usted caído, aislado de compañeros que puedan rescatarle y no tiene más medio de defender su vida, muy en peligro por cierto, que el arma de fuego que la propia ley le ha asignado, la use. Tirar primero al aire, después al suelo y luego a partes no vitales antes de disparar a matar es lo que hay que hacer según la normativa europea de uso de armas por parte de la policía y yo, cumplidor de ella, animo a hacerlo. Considero proporcional también que, si una unidad está cercada de agresores violentísimos que amenazan seriamente su integridad, utilicen material antidisturbios adecuado para mantenerlos a raya y no tener que entrar en el cuerpo a cuerpo en una proporción de diez a uno o más. Este material, además, ha de provocar daño y menoscabo físico suficiente en los agresores para impedirles progresar en su acción y, llegados a este extremo, doy por buena la pérdida de un ojo de un tipo que está dispuesto a acabar con mi vida. No se escandalice, hombre, ponga en un platillo de la balanza un ojo del que escribe y en el otro la vida de su madre y verá como lo tiene claro. Considero proporcional, finalmente, denunciar y poner a disposición judicial al mando que envía a sus hombres y mujeres a cumplir su cometido sin medios humanos ni materiales, sin organización y planificación suficientes, poniéndolos en peligro por su manifiesta incapacidad para el cargo. Seguramente le absolverán, pero se empezará así a poner un necesario límite a tanta iniquidad. Es momento de que los funcionarios policiales se planteen seriamente poner pie en pared. La unión de sindicatos y asociaciones policiales, poner contra las cuerdas al gobierno y frenar esta espiral de indignidad es hoy más necesario que nunca.

Lo dije al principio, existe una doble vara de medir propia de jueces y políticos que no merecen la alta responsabilidad que ostentan, también la hay en una sociedad que, desde el momento que defiende y jalea la violencia, lleva en su frente la marca de Caín. Pero no se preocupe si es usted de los que agradecen poder descalabrar a un madero en fin de semana ahora que no se puede ir a los bares. Este tipo de artículos no los lee nadie.

San Francisco blues

Reza un viejo proverbio chino que cuando una mariposa mueve sus alas, el aleteo puede sentirse al otro lado del mundo. Acaso porque todo lo chino está últimamente muy devaluado, tiendo a pensar que eso no es verdad, al menos no en Bilbao. Aquí no cambian las cosas así como así. Por poner un ejemplo, hace algunos años al Ayuntamiento le pareció una magnífica idea convertir el barrio de San Francisco en una especie de nueva Chueca, barrio guapo, gay friendly y con pretensiones. Hasta allí, por mor de la propaganda institucional, arrastraron a algunos hipsters, tan barbados como ingenuos, a montar negocios de reparaciones de bicis vintage, hostales para jóvenes turistas con poco dinero y muchas ganas de aventura, restaurantes masterchéficos, etc. Hubo hasta quien, viéndose ya en la portada del Architectural Review compró piso, lo decoró a la última y fijó allí su residencia. La cosa pintaba bien y hubiera ido a mejor sin las violaciones, agresiones homófobas, robos a cuchillo y tráfico de drogas más propios de favela carioca que de un Bilbao que pretendía asomarse a la modernidad de manera decidida.

Olvidó el Ayuntamiento que las cosas no salen gratis ni se vuelve buena la gente mala porque lo diga el Alcalde. Al contrario, los cambios drásticos, pues drástico era cambiar el barrio de las putas, las mafias y la droga por una zona donde uno quisiera ver crecer a sus hijos, salen muy caros. Por lo pronto, hay que invertir. Pero es que, además, hay que sacar a la chusma. Acabar con las mafias, perseguir la prostitución forzoda, terminar con el mercado de la droga, desahuciar a los ocupantes violentos de inmuebles enteros que atemorizan a los cuatro ancianos que no han tenido la oportunidad de escapar de la ratonera que conforman las calles San Francisco y Cortes, la Palanca, como le decimos aquí. Sean blancos o negros, que la lucha contra el crimen no entiende de colores. Pero no se hizo. No se hizo porque la cobardía y la pusilanimidad se enseñorean de la política bilbaína desde hace décadas. Si el mafioso es negro, ojito; si musulmán, cuidado; si polaco, rumano, boliviano o del coño de la Bernarda, siempre hay una excusa para no intervenir. Y así, sin sentirlo, la etiqueta “friendly” se fue cayendo de las revistas gay, los turistas menos ingenuos prefieren alojarse en otros puntos de la ciudad y el barrio volvió a caer en un pozo de mierda, delincuencia y degradación.

Y créanme que lo siento. Ninguna ciudad, menos la mía, merece semejante lacra. Ningún vecino, menos los míos, deberían vivir con miedo. Me parte el alma ver a esas parejas de viejitos acobardados ante gentuza que, un día sí y otro también, protagonizan agresiones, reyertas a navajadas, amenazas y cuantas tropelías son del uso de las mafias y grupos criminales que se han adueñado del barrio. Un barrio en el centro de Bilbao, con excelentes accesos y comunicaciones, una bicoca para ser lo que es, centro neurálgico del tráfico de drogas, escondite de mangantes de toda laya y donde, que yo sepa, no se pelean los políticos por ir a vivir.

Y frente a toda esto, a esta bazofia, intentando contener la basura, ayudando en estos tiempos a los mayores a subir la compra por una escalera infestada de coronavirus y jeringuillas, la Policía Local y la Ertzaintza, los nuestros, los buenos. El otro día detuvieron a un tipo recalcitrante en pasarse el estado de alarma por el forro de sus cojones y, de paso, a su señora madre por intentar activamente impedir la detención del hijo. Una vecina lo grabó todo y lo subió a las redes sociales para ilustrarnos de lo racistas que somos todos menos ella. La realidad es que, aparte de saltarse el confinamiento, el tipejo insistía en acercarse amenazadoramente a los agentes, llegó a escupirles a la cara y, para más inri, le encontraron encima una serie de tarjetas de crédito, ninguna a su nombre. Quizás se las hubieran prestado algunos probos bilbaínos para que de ellas hiciera el uso comedido que se supone entre gentes de alta alcurnia y conducta intachable. De sus antecedentes nada se ha dicho, que eso es cosa personal y muy secreta, pero tengo la sospecha de que los del Lute queden a su lado a la altura de una riña de colegio. Es lo que tiene llevar casi treinta años en la calle, que uno está ya prejuicioso.

¿Me creerán si les digo que la primera reacción de algunos vecinos fue la de llamar racistas, arrojar objetos desde las ventanas a los policías y colgar sus imágenes en todas las redes sociales con insultos y amenazas? Sí, claro que me creen si son ustedes de aquí, porque saben de lo que les estoy hablando.  ¿Lo harán si les afirmo que la primera reacción de su más alta jefatura, la de los ertzainas, fue anunciar a bombo y platillo una investigación contra los agentes? Esto es ya más difícil si es usted persona cabal y sensata, o sea, normal. Pero solo porque no conocen la administración policial a esos niveles. Nidos de enchufados partidarios, más preocupados de pasar desapercibidos para seguir acumulando galones que de proteger a los hombres y mujeres que día a día se juegan el tipo para que ellos reciban las medallas. Jefes y jefas que no tienen agallas para enfrentar a políticos que les piden que miren a otro lado cuando las noticias negativas les pueden acarrear la crítica de una ciudadanía harta de sufrir el delito en sus carnes. El grupo 4 de la Ertzaintza de Bilbao, operativo en San Francisco, acumula más contagios que ningún otro por Covid-19 precisamente porque en ese barrio el confinamiento es una quimera. Y tienen que ver cómo sus jefes comparecen en rueda de prensa para hacer lo peor que se puede hacer, expandir la duda sobre la honorabilidad de unos trabajadores públicos intachables sin datos, a bote pronto, sin siquiera molestarse en hablar con ellos o esperar a que confeccionen los informes de sus actuaciones.

Y en medio de todo, una asociación apesebrada en el ayuntamiento, con buenas subvenciones y mucho bombo mediático debido a un nombre excelentemente elegido, SOS Racismo, al que no hacen honor porque no luchan por la igualdad, sino contra la policía y el sistema, utilizando el racismo como excusa. Jamás han criticado una violación a una mujer, ni una paliza a un chico homosexual, ni la extorsión sistemática a personas de la tercera edad que ya no se atreven a pisar su calle. A raíz de la detención de ese sujeto, han sacado un manifiesto suscrito por uno o dos millones de asociaciones existentes, al parecer, en el barrio y de las que nadie ha oído hablar jamás, como por ejemplo: Bilbo Reggae Skins, Feministas por Nicaragua de Euskal Herria o La Posada de los Abrazos. Al lado de estas entidades fantasma, los tirapiedras de siempre, nostálgicos del fascismo etarra y el sindicato ELA (me caigo muerta), mayoritario en la Policía Local de Bilbao.

ELA, el sindicato de país, el más cercano a los postulados del gobierno vasco y del consistorio bilbaíno, cagándose en las instituciones, firmando contra su gente, avalando la versión de que el racismo y la xenofobia forman parte del ADN de los policías vascos, mostrando su acuerdo en que los agentes que les votan cada cuatro años son acosadores de todo aquel que lleva la piel tintada, que amenazan y agreden sin miramiento a los pobladores de un barrio pacífico donde todos son buena gente, solo que de otras etnias. ELA sumándose a Ernai, a LAB, a los que defendieron el asesinato de bilbaínos en las calles, el coche bomba y el secuestro. Creo, me lo han contado, que ayer tuvieron reunión de delegados y se montó la gorda con amenazas incluidas de abandonar el sindicato por parte de algunos. Al final, sacaron un comunicado pidiendo disculpas a la afiliación con el que se lavan la cara hasta la próxima. De nombres, de responsabilidades, por supuesto de bajas, nada de nada. Parece que ser sindicalista de ELA aún rinde beneficios y que todavía persiste en parte de su afiliación la idea de que hay que estar donde se corta el bacalao, donde te pueden echar una mano en una oposición o donde, por lo menos, nunca te van a mirar mal si buscas un ascenso. Así están las cosas, señores, hagan juego.

Pongamos aquí el punto final y no porque no haya más que decir, sino porque no conviene a la salud de uno seguir acumulando bilis. Pero todo esto lo resumo en dos ideas que, para mí son verdades absolutas: la primera que, nos digan lo que nos digan, San Francisco sigue sin encontrar un motivo para la esperanza. La segunda que, lejos de ser una mancha en el expediente, hoy día es un honor no ascender en la policía porque eso significará que nunca traicionaste lo que juraste defender.

Seguridad privada: Cuando se pierde el norte.

Son tiempos difíciles para todos y esto hace mella en la sociedad, en las empresas y en el vecino de al lado. Pero lo que hoy vengo a contarles no tiene que ver con el coronavirus, ya que data de noviembre del año pasado. La historia es la siguiente: una empresa de seguridad, una buena página web y artículos sobre el tema en su pantalla de bienvenida. Hasta ahí lo normal. Lo raro empieza cuando uno ve que, en primer término, tienen un artículo, destinado al público en general, o sea, a sus clientes cuyo título reza: «Cómo denunciar a un vigilante de seguridad». Miren, me ahorro el artículo y les pongo el texto del correo que les he mandado. Cinco minutos después retiraban el artículo. Señores empresarios, vigilantes, jefes y directores de seguridad, así con todo. En sus manos está prestigiar el sector y hacer que la sociedad le otorgue el reconocimiento que toda profesión ejercida por hombres y mujeres honrados merece.

«Estimados Sres.: Como persona ligada al sector de la seguridad, he observado con perplejidad que tienen uds. colgado en su web un artículo que ilustra cuáles son los pasos para denunciar a un vigilante de seguridad. Seguramente no ignoran uds, como empresa del sector, las enormes dificultades con las que estos profesionales se encuentran en el día a día, dificultades en términos de prestigio social, dificultades legales, dificultades a veces con la propia administración policial, escasez de medios, servicios inhumanos, etc. Quizá su empresa no sea de las que trata inicuamente a su personal pero, aún así, están en la obligación de empatizar con ellos y apoyarlos frente a ese sector social que de modo habitual tira por tierra, tanto a ellos como a sus actuaciones. ¿Se dan cuenta de que sólo faltaba que una empresa del sector viniera a hacer lo mismo? Con su artículo, dan a entender varias cosas: primero, que sus vigilantes, los de su empresa, es posible que no actúen conforme a derecho en algunas ocasiones, lo cual les atañe a uds. también de forma directa; en segundo lugar, hacen que las personas que lo lean desconfíen de una manera muy injusta de la figura del Vigilante de Seguridad. ¿Han visto uds. alguna publicación del Ministerio de Interior ilustrando a la población sobre lo que hay que hacer para denunciar a un policía? No, no la han visto, porque no existe. Quien quiere denunciar a un policía por una mala actuación tiene la ley por delante, igual que si se trata de un vigilante, un político, un médico o un directivo de empresa.

Pero es que, además, su artículo tiene errores impropios de alguien que conoce el derecho y que no contribuyen más que al descrédito de la profesión y de su propia empresa. Se los explico: Dice el redactor que «El principal trabajo de los vigilantes de seguridad cuando retienen a un sospechoso …» ¿cuando retienen, señores? Los vigilantes, como los ciudadanos y como las propias fuerzas y cuerpos de seguridad, no retienen a nadie, sino que la detienen, garantizándoles por tanto sus derechos y asegurándolos hasta que llega la policía. La retención no existe en nuestro acervo legal, salvo asimilada a un delito de detención ilegal. Esto es de primero de vigilante. Otra cosa, los profesionales de la seguridad privada no pueden ni deben interrogar al detenido como uds. afirman, puesto que ello podría viciar las posteriores declaraciones realizadas en la comparecencia policial. Tampoco identificarlo, ahí aciertan. Sólo pueden, y deben, impedir el delito, asegurar al delincuente y ponerlo a disposición del primer cuerpo policial que acuda a su llamado. Tercero, en ningún lugar de la normativa en vigor se dice que el vigilante no pueda realizar cacheos. Veo que asumen el hecho de que si un detenido puede portar elementos de agresión, pueda ser cacheado. Pero además existe amplísima jurisprudencia que avala el cacheo para el caso de sustracciones de efectos de alto valor económico, como sería el caso de un vigilante que presta servicio en una joyería en tanto acude  la policía ya que, en tal caso, la joya puede «desaparecer». La cuestión objeto de debate aquí se halla en la idoneidad, congruencia y proporcionalidad de la medida. Cuarto, fuera del recinto cuya vigilancia tienen asignada, los vigilantes sí tienen competencias y bastantes: la primera, realizar comprobaciones sobre los sistemas de seguridad en el exterior, aparte hay varias más entre las que se señalan las de efectuar una persecución ante la comisión de un delito o prestar ayuda humanitaria, también custodiar maquinaria en la vía pública, instalaciones, etc.

En fin, termino diciéndoles que su artículo es profundamente desacertado, advirtiéndoles de que se está viralizando en las redes sociales, con lo negativo que esto nos parece para la imagen de  su empresa, y para la de una profesión que en estos tiempos que corren se está dejando la salud y la vida por ayudar a la población, y que muchos profesionales, entre los que me encuentro, les rogamos encarecidamente que lo retiren.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo».

P.D.: No, no digo el nombre de la empresa. Un error lo tiene cualquiera y lo han corregido muy rápidamente, lo cual es de agradecer.

 

Por qué los delincuentes no van a la cárcel: a vueltas con la prisión preventiva.

Hace escasamente dos semanas, una espectacular operación policial de la Ertzaintza ponía en vilo a los vizcaínos. La banda del Kay, aluniceros conocidos del mismo Bilbao, eran detectados tras un intento de robo de los muchos que llevan cometiendo desde hace veinte años, perseguidos por la A8 y cercados en un monte próximo al municipio de Zeberio. Cuentan las crónicas de sucesos que, al verse imposibilitados de seguir su fuga en coche por el camino de cabras en el que se habían metido, salieron del mismo y se enfrentaron a los ertzainas cuchillo en mano teniendo estos que hacer uso disuasorio de sus armas de fuego. Uno de los quinquis fue detenido. Y puesto en libertad al día siguiente. 

La libertad con cargos, ese mantra judicial con el que todos los lunes nos desayunamos tras un fin de semana de navajazos, violaciones, robos y otros delitos de no poca gravedad, es un concepto que, cada vez más, aleja a los jueces de la sociedad a la que dicen servir y esto ya se empieza a traducir en un hartazgo general que ha derivado en manifestaciones de cientos de miles de personas contra sus sentencias (caso de La Manada) o, como poco, en críticas de connivencia, de tener más empatía con el delincuente que con sus víctimas y otras no siempre justas pero que indican no solo ese alejamiento del ciudadano con el juzgador, sino la estupefacción de verse la persona de a pie tan menospreciada y poco protegida por quienes tienen obligación de hacerlo.

Desde que se conociera la noticia, este que escribe estuvo de gira por la práctica totalidad de los medios de comunicación: El Correo, la cadena Ser, Televisión española, Tele5… En todas estas comparecencias, haciéndome eco de lo que también opinan sindicatos policiales, como por ejemplo ErNe, cuyo secretario general Roberto Seijo se manifestó en un sentido muy parecido, intenté hacer llegar al público la desazón de quienes nos dedicamos a la persecución del delito viendo que, una vez tras otra, nuestro trabajo no sirve para nada. Por poner algún ejemplo más, hace un par de meses se detectó en Bilbao un hostal en el que se habían empadronado la nada despreciable cantidad de veinticinco albaneses que venían a saquear pisos como quien viene a la temporada de la vendimia. Quiso la fortuna que un servidor detuviera a varios de ellos en plena faena y los llevara a juicio rápido al día siguiente. La sentencia: un año de cárcel de los de no entrar y a la calle. El fin de semana pasado, dos delincuentes de origen magrebí robaban y violaban, por vía bucal y anal, a un chaval al que, borracho, trasladaron a una lonja para consumar la agresión. Detenido uno de ellos, hoy se halla en libertad. Y así todo. Me imagino a esos ertzainas, de madrugada, entre la bruma, rodeados de oscuridad y tirando monte arriba con la linterna en una mano y la pistola en la otra pensando que de detrás de cualquier árbol puede salir un hijo de la gran puta y dejarlos allí tirados con las tripas esparcidas en el barro. Me imagino a ese joven en los momentos interminables de su violación, pensando si los agresores se van a conformar con aliviarse en él o si lo van a matar para evitar que declare. Me imagino la vida de ese estanquero al que le han robado once veces y ha tenido que levantar el negocio otras tantas. Y me imagino a un juez durmiendo plácidamente en su cama tras poner en libertad a cualquiera de los autores de estos delitos sin plantearse ni por un momento que mañana habrá otra persona cuya vida va a ser arruinada en virtud de su decisión.

No debe imaginar tanto el juez, porque si no, los metería en la cárcel. Porque sí puede, que no nos cuenten monsergas. Existe un concepto en las leyes que es el del arbitrio judicial, el margen de interpretación que tiene el juez para aplicar la norma, y existen también unos requisitos para decretar la prisión preventiva, a saber, riesgo de fuga, peligro de colusión o entorpecimiento del proceso; y riesgo de reiteración delictiva. El tipo de la banda del Kay tenía numerosísimos antecedentes por los mismos delitos, lo que quiere decir, claramente, que existe un altísimo riesgo de reincidencia. Por otro lado, que ese sujeto resida en Bilbao y tenga familia, no elimina necesariamente el riesgo de fuga. Estas son las cosas que pueden interpretarse en un sentido o en otro y que los jueces, invariablemente, inclinan en favor del delincuente y en perjuicio de sus víctimas. Además, lo dije en varias ocasiones, personas que llevan veinte años delinquiendo, que tienen los roles muy bien distribuidos a la hora de actuar y cuya actividad delictiva es absolutamente estable y permanente en el tiempo, no son cuatro aluniceros, sino que constituyen lo que el Código Penal denomina una organización criminal. Organización a la que no se está poniendo coto y que derivará, como lo hacen todas, hacia delitos más graves sin excluir los sangrientos.

Mi opinión, si sirve de algo es que no son las normas las que deben cambiar, sino los valores con los que se aplican. La prudencia, la mesura, la templanza, la equidad, son virtudes de la verdadera justicia. Para alcanzarlas, un juez debe apearse del estrado y darse una vuelta por las calles, hablar con los obreros, las amas de casa, los camareros, los taxistas, con la gente de bien en definitiva, y recapacitar para qué le dieron la toga y dónde está el verdadero bien jurídico a proteger. Porque las garantías lo son para todos, para el delincuente, por supuesto, y para el ciudadano que es su víctima y que hoy, tristemente, está más desprotegido que nunca porque, no las leyes, sino la capacidad de interpretarlas que tienen los jueces ampara más al criminal que a su víctima.

 

Agresiones a vigilantes de hospitales.

Como siempre digo en estos ambientes de la seguridad, hay tres tipos de personas en el mundo: los agentes de la autoridad, los ciudadanos de a pie y los vigilantes de seguridad, y aunque la clasificación no pasaría el filtro de la Universidad de Oxford, yo sé por qué lo digo. Las leyes han convertido la figura del vigilante de seguridad en una especie de travestido legal, un híbrido, un ser y no ser que a nadie beneficia. Ni a los vigilantes, por descontado, ni a la propia seguridad de los lugares y personas que protegen. Ni se les reconoce lo primero, ni se benefician de lo segundo. Me explico: Que a un señor se le ponga bajo el mandato del Ministerio de Interior para hacer un trabajo, que se le dote de uniforme, distintivos reglamentarios y unos medios que eventualmente pueden incluir armas de fuego, pero se le niegue el carácter de agente de la autoridad o similar protección jurídica para hacer su labor, es un dislate. Recordemos que bajo la última redacción de la Ley de Seguridad Privada, los vigilantes de seguridad solo ostentan dicha condición en aquellos servicios desplegados en colaboración y a las órdenes de la policía y siempre que sean agredidos con motivo de su desempeño.

“Y tú quién coño eres” es la frase que más oye un vigilante de boca de cualquier burlador de las normas. ¿Paran a uno que no quiere pagar en el metro…? y tú quién coño eres; ¿le dicen a otro que tiene que pagar en caja lo que lleva en la bragueta…? pero bueno, y tú quién coño eres; ¿sugieren que, por favor, no se puede estar treinta y cinco en la habitación de un hospital…? Y tú quién coño eres. Llámenlo desconocimiento normativo, falta de civismo, de educación, de empatía o de lo que quieran, pero así es el día a día en esta profesión.

Aun así, incomprensiblemente, la mayoría opta por hacer su trabajo y, con esta temeraria forma de ver la vida que consiste en anteponer la responsabilidad profesional y la obligación al interés personal, a veces se buscan la ruina. En la empresa y en el Youtube, ese fantástico canal donde cualquiera puede ir televisando en directo las intervenciones de seguridad a la vez que les dan a sus profesionales indicaciones de indudable provecho: “así no hombre, eso no es profesional”, “déjale que se lo lleve, fascista, ¿no ves que igual tiene hambre?”, “¿qué pasa que tú nunca has meado en el tren cuando ibas borracho?”. Cosas que resultan simpáticas y razonables a más de uno que se siente impelido, en consecuencia, a darle al botón de compartir para que vea toda España qué país de pandereta tenemos. Y quizá en esto último no les ha de faltar razón que, siendo la nuestra tierra de bandoleros, a lo mejor es parte de nuestra naturaleza sacar la cara al ladrón antes que al vigilante por aquello de conservar la tradición. Pues eso, lo que decía, que se buscan la ruina, les despiden y generalmente ponen a otro que, o mire para otro lado, o deje que le partan la cara para que luego pueda salir alguien a decir que la violencia es mala venga de donde venga y quede como un señor antes de volverse a encerrar en un despacho. Eso sí, cuando llegan las cifras de pérdidas por hurtos y actos vandálicos, se monta en cólera y se echa, otra vez, la culpa al vigilante esta vez por lo contrario, o sea, por no hacer su trabajo. Para quien no conozca este mundo, así funcionan las cosas aquí.

Un caso particularmente grave es el que atañe a la seguridad en nuestros centros hospitalarios. En los hospitales, recordemos, se dan gravísimos incidentes de seguridad: desde secuestros de bebés a homicidios, pasando por el rescate de presos, también con muertos de por medio, agresiones al personal sanitario y al de seguridad, robos, vandalismo, sabotajes, incendios… No es de recibo que donde así de necesaria es la seguridad, su personal sea tenido por el pito de un sereno. Este artículo no existiría si mi amigo y coautor del mismo, Abel P. Rico, Director de Seguridad, no hubiera tenido la agudeza de dar con una solución legal basada en el artículo 554.2 del Código Penal en el que nadie parece haber reparado y, a mi modo de ver, confiere a los vigilantes una protección casi idéntica a la que disfrutan los funcionarios públicos del mundo sanitario ante las amenazas y agresiones que amenudo sufren.

Al hilo de una agresión en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, en el que el personal de seguridad tuvo que acudir en socorrodel personal sanitario, resultando a su vez lesionados, se mostraba escandalizado por la repetición de estos acontecimientos en el mismo centro. La pregunta/reflexión que se hacía, y que comparto, era la siguiente: Si los funcionarios sanitarios de acuerdo con el Código Penal gozan de una protección legal más amplia que quienes no ostentan tal condición, precisamente por la naturaleza de sus funciones públicas, y si, por tanto, las agresiones y amenazas contra ellos son consideradas delitos de atentado (ver artículos 550 Y 551 del Código Penal), ¿por qué las sufridas por los vigilantes que acuden en su ayuda no lo son también? Efectivamente, el Código Penal, a través del artículo 554.2, castiga también como atentado las agresiones contra las personas que acudan en auxilio de los funcionarios, como evidentemente sucede cuando el personal de seguridad es requerido en auxilio de médicos, enfermeros y otro personal.

Hay que decir que este ejemplo de la combinación de normativas y aplicabilidad del Código Penal para la protección jurídica del personal de seguridad privada operando en los servicios desarrollados en el sector sanitario público no es exclusivo del ámbito sanitario, sino que es perfectamente aplicable a cualquier servicio que se desarrolle en otros ámbitos de dicha Función Pública, siempre, eso sí, que se atienda a la solicitud o requerimiento de auxilio por parte de cualquier funcionario público o autoridad.

Cuando los jueces comenzaron a enviar a prisión a un señor que pegaba al maestro por no aprobar a su hijo o a otro por dar de puñetazos al médico que le negaba la baja, estos delitos bajaron en una gran proporción. Las agresiones a vigilantes van en aumento día tras día y son en parte motivadas por esa idea que se ha vendido a la sociedad de que no son nada, de que, poco más o menos, son unos bestias que, como no tenían otra cosa, se metieron en un oficio en el que basta con empuñar un garrote. Ya me gustaría a mí ver a muchos de los que así piensan estudiando el derecho, la psicología, los temas técnicos y profesionales o pasando las pruebas que tiene que pasar un vigilante para conseguir su tarjeta profesional. Otro compañero mío, politólogo de formación y policía de ocupación, me avanzaba ayer mismo otra interesantísima teoría sobre el equilibrio del orden en las sociedades modernas:

• ¿Sabes por qué no nos matamos unos a otros hoy día pese a las cada vez más radicalizadas posturas que se ven en todos los sectores?, pues porque nos tienen a nosotros como desahogo. Somos los muñecos del pim-pam-pum a los que se puede tirar piedras, apalear, destrozar los coches o lo que se le ocurra a todo aquel que pierde su trabajo, no tiene casa, o a su familiar no le cura el médico. Y sale barato, porque si el que tira la piedra tuviera enfrente a otro con otra piedra, correría a casa a por un cuchillo y después a por una pistola y luego a por una metralleta. Así empiezan las guerras civiles. Pero nos tienen a nosotros que aguantamos todo porque para eso cobramos.

El “Pumuki” es un delincuente con una lista de antecedentes más larga que el río Amazonas y el otro día, harto de esperar en urgencias del hospital bilbaíno de Cruces, arremetió con su Seat Córdoba contra la puerta de entrada y llegó hasta el mismo mostrador amenazando de muerte a todos los presentes si a su primo no le atendían. Al ser detenido por los vigilantes y puesto a disposición de la Policía Local, era un primor ver la defensa cerrada de toda su parentela intentando arrebatarlo de las manos de los agentes. El “Pumuki”, llamado así porque mide metro y medio, pudo matar a una docena de personas pero milagrosamente no pasó nada.

Convendría repetir que una sociedad que no apoya a quien garantiza la convivencia pacífica está abocada a vivir atemorizada por el crimen y la delincuencia y de eso ya hemos empezado a ver destellos en algunas de nuestras ciudades más principales. Para evitarlo, es necesario dotar de armas legales, que son las verdaderamente efectivas, al personal de seguridad privada. Es muy sencillo, tanto como lo ha sido con otros colectivos que no estaban vinculados a la seguridad pero sí afectados por la falta de ella, como los ya nombrados maestros y sanitarios. Además, la norma está en vigor y sólo falta que los tribunales asuman una interpretación más proteccionista con los que están en el lado de la ley y menos con los que la infringen. Mi amigo Abel es una persona sencilla, profesor de seguridad privada. No usa corbata, es un operativo de seguridad y yo creo que no querría ir a una cena del Consejo General del Poder Judicial pero, qué quieren que les diga, a mí me parece que sus opiniones tienen mucho más fuste que las de la mayoría de jueces de este país. Háganle caso.