Por qué los delincuentes no van a la cárcel: a vueltas con la prisión preventiva.

Hace escasamente dos semanas, una espectacular operación policial de la Ertzaintza ponía en vilo a los vizcaínos. La banda del Kay, aluniceros conocidos del mismo Bilbao, eran detectados tras un intento de robo de los muchos que llevan cometiendo desde hace veinte años, perseguidos por la A8 y cercados en un monte próximo al municipio de Zeberio. Cuentan las crónicas de sucesos que, al verse imposibilitados de seguir su fuga en coche por el camino de cabras en el que se habían metido, salieron del mismo y se enfrentaron a los ertzainas cuchillo en mano teniendo estos que hacer uso disuasorio de sus armas de fuego. Uno de los quinquis fue detenido. Y puesto en libertad al día siguiente. 

La libertad con cargos, ese mantra judicial con el que todos los lunes nos desayunamos tras un fin de semana de navajazos, violaciones, robos y otros delitos de no poca gravedad, es un concepto que, cada vez más, aleja a los jueces de la sociedad a la que dicen servir y esto ya se empieza a traducir en un hartazgo general que ha derivado en manifestaciones de cientos de miles de personas contra sus sentencias (caso de La Manada) o, como poco, en críticas de connivencia, de tener más empatía con el delincuente que con sus víctimas y otras no siempre justas pero que indican no solo ese alejamiento del ciudadano con el juzgador, sino la estupefacción de verse la persona de a pie tan menospreciada y poco protegida por quienes tienen obligación de hacerlo.

Desde que se conociera la noticia, este que escribe estuvo de gira por la práctica totalidad de los medios de comunicación: El Correo, la cadena Ser, Televisión española, Tele5… En todas estas comparecencias, haciéndome eco de lo que también opinan sindicatos policiales, como por ejemplo ErNe, cuyo secretario general Roberto Seijo se manifestó en un sentido muy parecido, intenté hacer llegar al público la desazón de quienes nos dedicamos a la persecución del delito viendo que, una vez tras otra, nuestro trabajo no sirve para nada. Por poner algún ejemplo más, hace un par de meses se detectó en Bilbao un hostal en el que se habían empadronado la nada despreciable cantidad de veinticinco albaneses que venían a saquear pisos como quien viene a la temporada de la vendimia. Quiso la fortuna que un servidor detuviera a varios de ellos en plena faena y los llevara a juicio rápido al día siguiente. La sentencia: un año de cárcel de los de no entrar y a la calle. El fin de semana pasado, dos delincuentes de origen magrebí robaban y violaban, por vía bucal y anal, a un chaval al que, borracho, trasladaron a una lonja para consumar la agresión. Detenido uno de ellos, hoy se halla en libertad. Y así todo. Me imagino a esos ertzainas, de madrugada, entre la bruma, rodeados de oscuridad y tirando monte arriba con la linterna en una mano y la pistola en la otra pensando que de detrás de cualquier árbol puede salir un hijo de la gran puta y dejarlos allí tirados con las tripas esparcidas en el barro. Me imagino a ese joven en los momentos interminables de su violación, pensando si los agresores se van a conformar con aliviarse en él o si lo van a matar para evitar que declare. Me imagino la vida de ese estanquero al que le han robado once veces y ha tenido que levantar el negocio otras tantas. Y me imagino a un juez durmiendo plácidamente en su cama tras poner en libertad a cualquiera de los autores de estos delitos sin plantearse ni por un momento que mañana habrá otra persona cuya vida va a ser arruinada en virtud de su decisión.

No debe imaginar tanto el juez, porque si no, los metería en la cárcel. Porque sí puede, que no nos cuenten monsergas. Existe un concepto en las leyes que es el del arbitrio judicial, el margen de interpretación que tiene el juez para aplicar la norma, y existen también unos requisitos para decretar la prisión preventiva, a saber, riesgo de fuga, peligro de colusión o entorpecimiento del proceso; y riesgo de reiteración delictiva. El tipo de la banda del Kay tenía numerosísimos antecedentes por los mismos delitos, lo que quiere decir, claramente, que existe un altísimo riesgo de reincidencia. Por otro lado, que ese sujeto resida en Bilbao y tenga familia, no elimina necesariamente el riesgo de fuga. Estas son las cosas que pueden interpretarse en un sentido o en otro y que los jueces, invariablemente, inclinan en favor del delincuente y en perjuicio de sus víctimas. Además, lo dije en varias ocasiones, personas que llevan veinte años delinquiendo, que tienen los roles muy bien distribuidos a la hora de actuar y cuya actividad delictiva es absolutamente estable y permanente en el tiempo, no son cuatro aluniceros, sino que constituyen lo que el Código Penal denomina una organización criminal. Organización a la que no se está poniendo coto y que derivará, como lo hacen todas, hacia delitos más graves sin excluir los sangrientos.

Mi opinión, si sirve de algo es que no son las normas las que deben cambiar, sino los valores con los que se aplican. La prudencia, la mesura, la templanza, la equidad, son virtudes de la verdadera justicia. Para alcanzarlas, un juez debe apearse del estrado y darse una vuelta por las calles, hablar con los obreros, las amas de casa, los camareros, los taxistas, con la gente de bien en definitiva, y recapacitar para qué le dieron la toga y dónde está el verdadero bien jurídico a proteger. Porque las garantías lo son para todos, para el delincuente, por supuesto, y para el ciudadano que es su víctima y que hoy, tristemente, está más desprotegido que nunca porque, no las leyes, sino la capacidad de interpretarlas que tienen los jueces ampara más al criminal que a su víctima.

 

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