Agresiones a vigilantes de hospitales.

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Como siempre digo en estos ambientes de la seguridad, hay tres tipos de personas en el mundo: los agentes de la autoridad, los ciudadanos de a pie y los vigilantes de seguridad, y aunque la clasificación no pasaría el filtro de la Universidad de Oxford, yo sé por qué lo digo. Las leyes han convertido la figura del vigilante de seguridad en una especie de travestido legal, un híbrido, un ser y no ser que a nadie beneficia. Ni a los vigilantes, por descontado, ni a la propia seguridad de los lugares y personas que protegen. Ni se les reconoce lo primero, ni se benefician de lo segundo. Me explico: Que a un señor se le ponga bajo el mandato del Ministerio de Interior para hacer un trabajo, que se le dote de uniforme, distintivos reglamentarios y unos medios que eventualmente pueden incluir armas de fuego, pero se le niegue el carácter de agente de la autoridad o similar protección jurídica para hacer su labor, es un dislate. Recordemos que bajo la última redacción de la Ley de Seguridad Privada, los vigilantes de seguridad solo ostentan dicha condición en aquellos servicios desplegados en colaboración y a las órdenes de la policía y siempre que sean agredidos con motivo de su desempeño.

“Y tú quién coño eres” es la frase que más oye un vigilante de boca de cualquier burlador de las normas. ¿Paran a uno que no quiere pagar en el metro…? y tú quién coño eres; ¿le dicen a otro que tiene que pagar en caja lo que lleva en la bragueta…? pero bueno, y tú quién coño eres; ¿sugieren que, por favor, no se puede estar treinta y cinco en la habitación de un hospital…? Y tú quién coño eres. Llámenlo desconocimiento normativo, falta de civismo, de educación, de empatía o de lo que quieran, pero así es el día a día en esta profesión.

Aun así, incomprensiblemente, la mayoría opta por hacer su trabajo y, con esta temeraria forma de ver la vida que consiste en anteponer la responsabilidad profesional y la obligación al interés personal, a veces se buscan la ruina. En la empresa y en el Youtube, ese fantástico canal donde cualquiera puede ir televisando en directo las intervenciones de seguridad a la vez que les dan a sus profesionales indicaciones de indudable provecho: “así no hombre, eso no es profesional”, “déjale que se lo lleve, fascista, ¿no ves que igual tiene hambre?”, “¿qué pasa que tú nunca has meado en el tren cuando ibas borracho?”. Cosas que resultan simpáticas y razonables a más de uno que se siente impelido, en consecuencia, a darle al botón de compartir para que vea toda España qué país de pandereta tenemos. Y quizá en esto último no les ha de faltar razón que, siendo la nuestra tierra de bandoleros, a lo mejor es parte de nuestra naturaleza sacar la cara al ladrón antes que al vigilante por aquello de conservar la tradición. Pues eso, lo que decía, que se buscan la ruina, les despiden y generalmente ponen a otro que, o mire para otro lado, o deje que le partan la cara para que luego pueda salir alguien a decir que la violencia es mala venga de donde venga y quede como un señor antes de volverse a encerrar en un despacho. Eso sí, cuando llegan las cifras de pérdidas por hurtos y actos vandálicos, se monta en cólera y se echa, otra vez, la culpa al vigilante esta vez por lo contrario, o sea, por no hacer su trabajo. Para quien no conozca este mundo, así funcionan las cosas aquí.

Un caso particularmente grave es el que atañe a la seguridad en nuestros centros hospitalarios. En los hospitales, recordemos, se dan gravísimos incidentes de seguridad: desde secuestros de bebés a homicidios, pasando por el rescate de presos, también con muertos de por medio, agresiones al personal sanitario y al de seguridad, robos, vandalismo, sabotajes, incendios… No es de recibo que donde así de necesaria es la seguridad, su personal sea tenido por el pito de un sereno. Este artículo no existiría si mi amigo y coautor del mismo, Abel P. Rico, Director de Seguridad, no hubiera tenido la agudeza de dar con una solución legal basada en el artículo 554.2 del Código Penal en el que nadie parece haber reparado y, a mi modo de ver, confiere a los vigilantes una protección casi idéntica a la que disfrutan los funcionarios públicos del mundo sanitario ante las amenazas y agresiones que amenudo sufren.

Al hilo de una agresión en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, en el que el personal de seguridad tuvo que acudir en socorrodel personal sanitario, resultando a su vez lesionados, se mostraba escandalizado por la repetición de estos acontecimientos en el mismo centro. La pregunta/reflexión que se hacía, y que comparto, era la siguiente: Si los funcionarios sanitarios de acuerdo con el Código Penal gozan de una protección legal más amplia que quienes no ostentan tal condición, precisamente por la naturaleza de sus funciones públicas, y si, por tanto, las agresiones y amenazas contra ellos son consideradas delitos de atentado (ver artículos 550 Y 551 del Código Penal), ¿por qué las sufridas por los vigilantes que acuden en su ayuda no lo son también? Efectivamente, el Código Penal, a través del artículo 554.2, castiga también como atentado las agresiones contra las personas que acudan en auxilio de los funcionarios, como evidentemente sucede cuando el personal de seguridad es requerido en auxilio de médicos, enfermeros y otro personal.

Hay que decir que este ejemplo de la combinación de normativas y aplicabilidad del Código Penal para la protección jurídica del personal de seguridad privada operando en los servicios desarrollados en el sector sanitario público no es exclusivo del ámbito sanitario, sino que es perfectamente aplicable a cualquier servicio que se desarrolle en otros ámbitos de dicha Función Pública, siempre, eso sí, que se atienda a la solicitud o requerimiento de auxilio por parte de cualquier funcionario público o autoridad.

Cuando los jueces comenzaron a enviar a prisión a un señor que pegaba al maestro por no aprobar a su hijo o a otro por dar de puñetazos al médico que le negaba la baja, estos delitos bajaron en una gran proporción. Las agresiones a vigilantes van en aumento día tras día y son en parte motivadas por esa idea que se ha vendido a la sociedad de que no son nada, de que, poco más o menos, son unos bestias que, como no tenían otra cosa, se metieron en un oficio en el que basta con empuñar un garrote. Ya me gustaría a mí ver a muchos de los que así piensan estudiando el derecho, la psicología, los temas técnicos y profesionales o pasando las pruebas que tiene que pasar un vigilante para conseguir su tarjeta profesional. Otro compañero mío, politólogo de formación y policía de ocupación, me avanzaba ayer mismo otra interesantísima teoría sobre el equilibrio del orden en las sociedades modernas:

  • ¿Sabes por qué no nos matamos unos a otros hoy día pese a las cada vez más radicalizadas posturas que se ven en todos los sectores?, pues porque nos tienen a nosotros como desahogo. Somos los muñecos del pim-pam-pum a los que se puede tirar piedras, apalear, destrozar los coches o lo que se le ocurra a todo aquel que pierde su trabajo, no tiene casa, o a su familiar no le cura el médico. Y sale barato, porque si el que tira la piedra tuviera enfrente a otro con otra piedra, correría a casa a por un cuchillo y después a por una pistola y luego a por una metralleta. Así empiezan las guerras civiles. Pero nos tienen a nosotros que aguantamos todo porque para eso cobramos.

El “Pumuki” es un delincuente con una lista de antecedentes más larga que el río Amazonas y el otro día, harto de esperar en urgencias del hospital bilbaíno de Cruces, arremetió con su Seat Córdoba contra la puerta de entrada y llegó hasta el mismo mostrador amenazando de muerte a todos los presentes si a su primo no le atendían. Al ser detenido por los vigilantes y puesto a disposición de la Policía Local, era un primor ver la defensa cerrada de toda su parentela intentando arrebatarlo de las manos de los agentes. El “Pumuki”, llamado así porque mide metro y medio, pudo matar a una docena de personas pero milagrosamente no pasó nada.

Convendría repetir que una sociedad que no apoya a quien garantiza la convivencia pacífica está abocada a vivir atemorizada por el crimen y la delincuencia y de eso ya hemos empezado a ver destellos en algunas de nuestras ciudades más principales. Para evitarlo, es necesario dotar de armas legales, que son las verdaderamente efectivas, al personal de seguridad privada. Es muy sencillo, tanto como lo ha sido con otros colectivos que no estaban vinculados a la seguridad pero sí afectados por la falta de ella, como los ya nombrados maestros y sanitarios. Además, la norma está en vigor y sólo falta que los tribunales asuman una interpretación más proteccionista con los que están en el lado de la ley y menos con los que la infringen. Mi amigo Abel es una persona sencilla, profesor de seguridad privada. No usa corbata, es un operativo de seguridad y yo creo que no querría ir a una cena del Consejo General del Poder Judicial pero, qué quieren que les diga, a mí me parece que sus opiniones tienen mucho más fuste que las de la mayoría de jueces de este país. Háganle caso.

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